por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
El otorgamiento de franquicias es otro de los derechos relevantes que se derivan de las marcas. El otorgamiento de franquicias no es nada nuevo. La empresa The I.M. Singer Company otorgó franquicias para la venta de sus máquinas de coser en la década de 1850. Las compañías petroleras y automovilísticas argumentan que sus distribuidores trabajan por medio de franquicias desde principios del siglo XX. Pero en realidad las franquicias no obtuvieron el apoyo y el reconocimiento públicos hasta la década de 1950, cuando los restaurantes y los hoteles empezaron a aparecer como clones a través de todo Estados Unidos.[1]
Las franquicias son un sistema que los titulares de marcas han creado para replicar sus negociaciones o establecimientos, con los mismos métodos y estándares de calidad, para poder llegar a un mayor número de consumidores, incrementando su participación en el mercado y sus ganancias.
De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que el franquiciante pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquicitario (titular de la marca), tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que la marca distingue.
Cuando se pretenda conceder una franquicia, el futuro franquiciatario debe recibir, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato de franquicia, la información relativa sobre el estado que guarda la empresa y las condiciones bajo las cuales se otorgará la franquicia, incluyendo los montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante. El cumplimiento de esta obligación tiene como propósito que el franquiciante tome una decisión de manera informada y es perfectamente entendible si se toma en cuenta que, por lo regular, la obtención de una franquicia representa una inversión considerable para el franquiciatario. La falta de veracidad en la información le dará derecho al franquiciatario de exigir la nulidad del contrato y el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento, siempre que lo haga dentro del plazo de un año, contado a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.
En el contrato de franquicia se pueden establecer todos los derechos, obligaciones y condiciones que las partes consideren convenientes, pero por lo menos se debe incluir lo relativo a la zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato; la ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato; las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables; las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato; los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios; las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica; los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario; los términos y condiciones para subfranquiciar, si las partes así lo convienen; las causales para la terminación del contrato; los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones del contrato; si el franquiciatario tendrá o no la obligación de enajenarle sus activos al franquiciante, o a quien éste designe, al término del contrato, y si el franquicitario tendrá la obligación de enajenar o transmitir al franquiciante las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma.
El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia, conforme a lo establecido en el contrato.
Es importante mencionar que, durante la vigencia del contrato y una vez terminado éste, el franquiciatario deberá guardar la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.
No se puede dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato. Hay que tomar muy en cuenta que la terminación anticipada dará lugar al pago de las penas convencionales que las partes hubieran pactado en el contrato, o a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
Consideraciones finales
En nuestros tiempo es muy común que se otorguen franquicias. Si usted pretende otorgar una u obtenerla, acuda con un verdadero especialista en la materia, quien le orientará sobres las mejores condiciones legales para celebrar su contrato, a fin de que esté perfectamente protegida su marca y su negocio, o su inversión, según sea el caso. [1] Raab, Steven S., et. al., Franquicias: cómo multiplicar su negocio(The blueprint for franchising a business), 1ª ed., 2a. reimp. trad. de Roberto Haas, México, Limusa, 1993, p. 29.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Trato privilegiado
Existen marcas que han sido ampliamente difundidas y que son del conocimiento de los competidores y del público consumidor, principalmente por la publicidad que los titulares de dichas marcas han realizado a través de diversos medios masivos de comunicación, tales como la televisión, radio, Internet, cine, revistas, periódicos, etc.
Esas marcas se encuentran en la “cúspide de la pirámide” y se denominan notoriamente conocidas o famosas. Gozan de un trato privilegiado por parte de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), que consiste, básicamente, en que su protección es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su uso exclusivo es tan amplio que puede impedirse que un tercero obtenga el registro y utilice lícitamente una marca igual o semejante en grado de confusión, en cualquier producto o servicio. Dicho en otras palabras, si una marca es notoriamente conocida o famosa, nadie puede usar ni obtener el registro de otra marca que sea igual o muy parecida, de tal modo que confunda a los consumidores, sin importar los productos o servicios que pretendan distinguirse. Para ser más claro les pongo un ejemplo: Una marca notoriamente conocida o famosa que proteja ropa, impide legalmente que un competidor use y registre una marca igual o semejante para distinguir mesas, agua embotellada, servicios de educación, o lo que se les ocurra!
La negativa de registrar una marca igual o semejante puede emitirse aunque la marca notoriamente conocida o famosa ni siquiera se encuentre registrada o declarada. Y si la marca igual o semejante ya fue registrada, se puede atacar el registro marcario mediante un procedimiento de declaración administrativa de nulidad.
Concepto de marca notoria y famosa
Técnicamente hablando, una marca será notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
Y una marca será famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.
Declaratoria
La notoriedad o fama de una marca será declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI), a solicitud del titular de la marca, cuando demuestre esa notoriedad o fama, siempre y cuando la misma se encuentre registrada en México y ampare los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama. Dicha declaratoria deberá ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, la información siguiente:
a) El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales, los otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales y los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la LPI;
b) La fecha de primer uso, tiempo de uso continuo, los medios de difusión, el tiempo de publicidad efectiva, la inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
c) El área geográfica de influencia efectiva de la marca;
d) El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años;
e) El valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía titular de ésta, o conforme a avalúo que de la misma se realice;
f) Los registros de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;
g) Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas, y
h) El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
El IMPI presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicarse, de manera expedita, el impedimento para registrar una marca igual o semejante a la notoriamente conocida o famosa.
La declaratoria puede actualizarse en cualquier tiempo, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.
Nulidad, caducidad y cancelación
La declaratoria de notoriedad o fama será nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI, las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas, se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas, o se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.
Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.
Transmisión
Para terminar, cabe señalar que, para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.
Consideraciones finales Las marcas notoriamente conocidas o famosas gozan de una protección superior y mucho más amplia, en relación con todas las demás. Si usted tiene una marca no la descuide, nunca se sabe, algún día podría pertenecer a este exclusivo club de las marcas más valiosas y prestigiadas.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Existen casos en los que se pretende registrar como marca aquellas palabras o frases que, en realidad, constituyen los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden protegerse con la marca, o las que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se han convertido en la designación usual o genérica de tales productos o servicios.
A pesar de que la LPI prohibe el registro de ese tipo de marcas, algunas si se han llegado a registrar, pero a la larga constituyen un serio problema por los largos y costosos litigios que generalmente provocan, como ya ocurrió en el caso de LA MICHOACANA.
Este caso es interesante y bien vale la pena mencionarlo brevemente: es un hecho notorio histórico-cultural que la denominación LA MICHOACANA está relacionada con todo lo concerniente a la industria de helados, nieves y paletas tradicionales de Michoacán, y se ha utilizado así por décadas por muchas personas, por lo menos desde el año 1940, y que aparentemente fue creada en Tocumbo, de acuerdo con el libro titulado La Michoacana: Historia de los Paleteros de Tocumbo[1], del que existen múltiples referencias en Internet.
Sin embargo, hace pocos años hubo quien “se le prendió el foco” y se le ocurrió solicitar el registro de esa marca en varias clases, lo cual obtuvo con relativa facilidad, a pesar de que no fue su creador. Los respectivos títulos de registro que le fueron expedidos le permitieron a su “titular” poder entablar una gran cantidad de demandas por supuesta “violación” del derecho a su uso exclusivo. En uno de tantos litigios, afortunadamente, hubo quien supo defenderse de manera oportuna y adecuada ante el IMPI, e incluso ante tribunales federales que resolvieron juicios de amparo. Para beneficio de todo el pueblo mexicano, es muy probable que dichos registros se extingan, algunos por nulidad, otros por caducidad y, tal vez, por cancelación, lo que permitirá que cualquier comerciante que se dedique a la industria de helados, nieves y paletas pueda utilizar, sin temor alguno, la marca LA MICHOACANA, que sin duda alguna es parte de nuestro patrimonio cultural.
La LPI no tiene como propósito permitir que se otorguen títulos de registro de marcas que sirvan de mera especulación para demandar o amenazar con demandar a sus verdaderos dueños, o a quienes de buena fe han utilizado la marca mucho antes que el supuesto “titular”. Es de toda lógica que ningún interés lícito puede existir en ello, por lo que se puede afirmar que los registros marcarios obtenidos en estas condiciones son actos de privación espurios, ya que estarían beneficiando de la amplia capacidad distintiva de una marca ampliamente conocida por el público consumidor, a alguien que no se vale de sus propios méritos o esfuerzos para lucrar, porque no ha contribuido en absoluto a crear o promover la marca.
Debo mencionar que los litigios de cancelación de un registro marcario son complicados, pues no es tarea fácil convencer a las autoridades que el titular de la marca provocó o toleró que ésta se transformara en una denominación genérica que corresponde a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, y que por ello perdió su carácter distintivo, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público.
CONSIDERACIONES FINALES
Tan importante es cultivar y promover el respeto a los derechos de Propiedad Intelectual, como el impedir el abuso de un derecho, que también ocurre. [1] Escrito por Martín González de la Vara y editado por El Colegio de Michoacán, A.C. y el Gobierno del Estado de Michoacán, México, 2006.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Si usted ha obtenido el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sabe que le ha sido otorgado el derecho al uso exclusivo sobre la misma. Sin embargo, no son pocos los casos en los que un tercero realiza alguna conducta mediante la cual se viola ese derecho de exclusividad. Si ello ocurriera, para hacer respetar su derecho, usted debe saber que la Ley de la Propiedad Industrial le permite perseguir a quien haya cometido dicha violación, mediante el ejercicio de tres tipos de acciones: administrativas, mercantiles o civiles y, penales.
En este breve artículo únicamente les hablaré de la acción administrativa. Esta acción se intenta presentando una solicitud de declaración administrativa de infracción (demanda) ante el IMPI, quien, para su conocimiento, las turna a un área que tiene especializada en dichos asuntos: la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal.
Se consideran infracciones administrativas relacionadas con la violación del derecho al uso exclusivo de una marca:
a) Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;
b) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
c) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
d) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
e) Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, o que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
f) Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
g) Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular, y
h) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
Si se comente alguna de las conductas arriba mencionadas, el IMPI puede imponer multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por 90 días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.
Durante el procedimiento de declaración administrativa de infracción el IMPI puede ordenar la práctica de visitas de inspección; ordenar el retiro de la circulación o impedir la circulación de las mercancías que infrinjan el derecho al uso exclusivo; ordenar se retiren de la circulación los empaques, envases, embalajes, la papelería, el material publicitario, los anuncios, letreros, rótulos y similares que infrinjan ese derecho de exclusividad, así como los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los dichos bienes; prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole el derecho de exclusividad; ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación ese derecho; ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento, cuando las medidas anteriormente señaladas, no sean suficientes para prevenir o evitar la citada violación; asegurar bienes en forma cautelar y conciliar los intereses de los involucrados.
Resulta importante resaltar que los comerciantes de los productos que implican la violación están obligados a abstenerse de su enajenación y los prestadores de servicios a suspender la prestación de los mismos, desde el momento en que sean notificados de la resolución que así lo ordene. Los productores, fabricantes, importadores y distribuidores de los productos en comento, además de estar obligados a abstenerse de la enajenación de los mismos, también son responsables de recuperar de inmediato los productos que ya estén en el comercio.
El procedimiento de declaración administrativa de infracción se compone de varias instancias, dependiendo de la estrategia legal que se siga. La primera se ventila ante el IMPI, cuando se presenta la solicitud (demanda) y termina con la resolución a través de la cual se pronuncie la declaratoria y se impongan las sanciones correspondientes, o se niegue la declaratoria. La parte que no esté de acuerdo con la resolución puede promover recurso de revisión, que es resuelto por el mismo IMPI. Luego, se puede presentar demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que cuenta con la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual. Sin embargo, si se prefiere, en lugar del recurso de revisión, directamente se puede presentar la demanda de nulidad. La última instancia, generalmente, es el amparo directo ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero si en la demanda de amparo se alega la inconstitucionalidad de una ley o de uno de sus preceptos, la última instancia sería la Suprema Corte.
En promedio, un procedimiento de declaración administrativa de infracción, hasta concluir todas sus instancias, puede durar entre 3 y 5 años.
Consideraciones finales
Dada la complejidad de este tipo de litigios y los años que pueden durar, siempre es recomendable que usted tenga la asesoría adecuada antes de involucrarse como actor (solicitante) o de comparecer a defenderse como demandado, y durante todas las instancias.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
La marca puede llegar a ser mucho más valiosa que el negocio entero.
Donald Trump
Introducción.
Las marcas forman parte de las figuras jurídicas que conforman la llamada Propiedad Industrial, es decir, forman parte del conjunto de privilegios exclusivos y temporales sobre creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios[1].
En México, las marcas están reguladas principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento, así como por ordenamientos jurídicos internacionales, por ejemplo: el Convenio de la París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Las marcas son signos visibles que utilizan los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
A través de las marcas, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios pueden diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores.
Tipos de marcas.
Las marcas pueden ser de cuatro tipos:
1. Nominativas: palabras inventadas, nombres propios, denominaciones o razones sociales;
2. Innominadas: diseños, logos;
3. Tridimensionales: envoltorios, envases, empaques, forma o presentación de los productos, y
4. Mixtas: combinación de cualquiera de las anteriores.
Principio de especialidad.
Las marcas protegen determinados productos o servicios pertenecientes a la clase en que hayan sido registradas. Este es uno de los principios más importantes que rigen a las marcas.
De acuerdo con la Clasificación de Niza, los productos y servicios se dividen en 45 clases. De la 1 a la 34 es para productos y de la 35 a la 45 para servicios.
Hay que presentar una solicitud de registro por cada clase en la que se pretenda proteger la marca.
Marcas notoriamente conocidas y famosas.
Las marcasdeclaradas por el IMPI como notoriamente conocidas o famosas tienen una protección más amplia porque no obstante que sólo estén registradas en una clase, impiden el registro de nuevas marcas en cualquier otra clase.
La importancia de proteger una marca.
Una marca es como un ser vivo que nace, crece, se desarrolla; pero que también llega a morir, si no se cuida y se promueve.Una marca que se cuida y promueve, se mantiene viva, renovada y en constante crecimiento.
La marca representa la reputación del empresario. En realidad es una promesa, un reflejo del cuerpo, la mente y el espíritu del empresario. La marca puede llegar a ser más valiosa que todo el negocio entero.[2] Por ello, la marca debe ser considerada como uno de los activos intangibles más preciados de toda empresa.
Hay muchas historias de éxito de empresarios que comenzaron a diseñar y operar sus negocios en condiciones modestas, incluso en el garaje de su casa. Una constante que se repitió en casi todos esos casos fue la temprana y oportuna protección de sus marcas, que con el tiempo alcanzaron la aceptación, fama y un importante valor económico.
Pasos para proteger una marca.
Lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de marca y la clase de los productos o servicios a los que se aplicará.
Después, es altamente recomendable realizar una búsqueda en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para verificar que no existe alguna marca que sea igual o semejante en grado de confusión, que a la postre pueda constituir un impedimento legal.
Si no existiera alguna marca igual o semejante, deberá solicitarse el registro de la marca ante el IMPI, previo pago de los derechos correspondientes. El IMPI otorgará el registro siempre y cuando no se actualice alguna de las prohibiciones establecidas por la LPI.
Las personas físicas o las personas morales pueden solicitar el registro de una marca. Salvo que existiera alguna transmisión de derechos, el solicitante será el titular del registro marcario.
Uso exclusivo.
Una vez que el IMPI haya expedido el título de registro respectivo, el titular habrá obtenido el derecho al uso exclusivo sobre la marca para ser usada en los productos o servicios indicados en el título. Hasta este momento es cuando el titular del registro podrá utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®.
Es importante utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un registro marcario, porque para el caso de que se viole el derecho de exclusividad, el titular del registro podrá iniciar las acciones legales correspondientes.
El registro surte sus efectos en todo el país, no obstante que la marca se use en una sola ciudad.
Si posteriormente se desea adicionar otro producto o servicio, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.
Para no perder la protección, la marca deberá ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
Acciones legales por la violación del derecho al uso exclusivo.
En la vía administrativa se puede solicitar (demandar) la declaración administrativa de nulidad de nuevos registros marcarios; solicitar la práctica de medidas precautorias y la imposición de las sanciones correspondientes[3], dentro del procedimiento de declaración administrativa de infracción;
En las vías civil o mercantil se puede solicitar la práctica de medidas precautorias y demandar el pago de los daños y perjuicios, equivalentes, cuando menos, al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio que impliquen la violación.
Penalmente se puede presentar querella ante la Procuraduría General de la República, solicitando la práctica de medidas precautorias, y se puede obtener la reparación del daño, por cuando menos el citado 40%.
Vigencia y renovación.
El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud[4], y será renovable por períodos de la misma duración.
La solicitud de renovación debe presentarse dentro de los 6 meses anteriores o dentro de los 6 meses posteriores a la terminación de la vigencia.
Es fundamental evitar la caducidad del registro, para que la marca no pierda su protección. El registro puede caducar por dos razones: por no solicitarse en tiempo la renovación o por falta de uso en los productos o servicios para los que la marca fue registrada, durante tres años consecutivos.
Cancelación.
Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.
Dada la importancia que las marcas significan, para protegerlas:
1. Debe solicitarse y obtenerse su registro;
2. Hay que usarlas tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, en los productos o servicios para los que fueron registradas;
3. Debe evitarse que se transformen en denominaciones genéricas;
4. Hay que utilizar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un registro marcario, para que el titular pueda ejercer las acciones legales correspondientes, para el caso de que se viole su derecho de exclusividad;
5. Si la marca reúne los requisitos para ser declarada notoriamente conocida o famosa, deben iniciarse los trámites correspondientes, y
6. Hay que solicitar la renovación dentro del plazo legal.
[1] Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, McGraw-Hill, México, 1998, p. 2.
[2] Trump, Donald J., y Kiyosaki, Robert. T., El toque de midas, (Aguilar) Santillana Ediciones Generales, México, 2012, pp. 136, 137 y 153.
[3] Multa de hasta 20,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, clausura temporal del establecimiento hasta por 90 días, clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.
[4] Salvo los casos de excepción previstos en la LPI.
