por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
En esta ocasión les hablaré sobre el derecho que todos tenemos a nuestra imagen, a partir de dos legislaciones federales y una local.
Ley Federal del Derecho de Autor
El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. Cuando el consentimiento se otorgó sin mediar una remuneración, la autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgó, pero responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación.
Por otro lado, cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado su consentimiento para que el retrato pueda ser usado o publicado, y en este caso no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los fines pactados.
No se requiere obtener el consentimiento si el retrato de una persona forma parte menor de un conjunto, o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.
Cabe mencionar que los derechos establecidos para las personas retratadas durarán 50 años después de su muerte.
La imagen de una persona puede formar parte de una reserva de derechos, la cual permitiría el poder usar y explotar en forma exclusiva las características físicas y psicológicas distintivas de personajes humanos de caracterización (interpretados por seres humanos, como el “Chapulín Colorado”), o ficticios o simbólicos (como los superhéroes o villanos que aparecen en las películas de caricaturas o comics), pero para ello se requiere del consentimiento expreso del interesado. El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) concede las reservas de derechos mediante la expedición de los respectivos certificados, los cuales tendrán una vigencia de cinco años, pero podrán ser renovados por períodos sucesivos iguales.
Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes, con fines de lucro directo o indirecto, constituye una infracción en materia de comercio, que es sancionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con multa de mil hasta cinco mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; pudiéndose aplicar multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.
Ley de la Propiedad Industrial
La imagen de una persona también puede ser registrada como marca ante el IMPI, siempre y cuando se haya otorgado el consentimiento del interesado o, si ha fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.
El registro de una marca tiene una vigencia de diez años y podrá ser renovado por períodos de la misma duración.
Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal
La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. El derecho que cada uno de nosotros tiene sobre su imagen consiste en la facultad de disponer de nuestra apariencia, lo cual incluye el que podamos autorizar o no, la captación o difusión de la misma.
La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público.
Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera del caso en que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.
El derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público que sean de interés público; la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social, y la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, sin la autorización correspondiente, constituye una afectación al patrimonio moral de la persona.
La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se genere.
En el caso de los probables responsables de la comisión de delitos, mientras no hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada, tienen derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.
No existirá violación del derecho a la imagen tratándose de las actuaciones autorizadas o acordadas por autoridad competente, de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés público, histórico, científico o cultural.
La violación del derecho a la imagen generará la reparación del daño, misma que comprenderá la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral. Sin embargo, en los casos en que no se pudiere resarcir el daño de esta manera, se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, pero el monto por indemnización no deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual no incluirá los gastos y costas que deberá sufragar el demandado condenado.
Consideraciones finales Por el simple hecho de ser humanos, todos tenemos derecho a nuestra propia imagen, a permitir su uso, a impedirlo y, en su caso, obtener la reparación del daño, de acuerdo con los lineamientos comentados en este breve artículo.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
La propiedad intelectual, en términos muy generales es el conjunto de derechos y privilegios de los que disfrutan los autores, artistas interpretes o ejecutantes, sus causahabientes, los editores, productores y organismos de radiodifusión, respecto de sus obras literarias o artísticas, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, ideogramas o emisiones, respectivamente; así como los que disfrutan los titulares o licenciatarios autorizados de creaciones industriales o comerciales. La propiedad intelectual se integra por el derecho de autor y la propiedad industrial.
¿Y cómo saber cuándo estamos frente a creaciones protegidas por el derecho de autor o por la propiedad industrial? Para poder hacer esa distinción hay que tomar en cuenta que si las creaciones apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran el derecho de autor. En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de propiedad industrial.[1]
Derecho de autor
La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) tiene por objeto proteger el acervo cultural de la nación, los derechos de los autores respecto de sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, los derechos de los intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión respecto de sus ediciones, fonogramas, videogramas o emisiones, respectivamente, así como los otros derechos de propiedad intelectual, tales como el derecho a la imagen, las reservas de derechos al uso exclusivo y los derivados de las obras por encargo.
Pertenecen al ámbito del derecho de autor las creaciones literarias, musicales, dramáticas, de danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas, de caricaturas e historietas, arquitectónicas, cinematográficas, fotográficas, de diseño gráfico o textil, los programas de radio y televisión, programas de cómputo, las compilaciones, bases de datos y las reservas de derechos.
De acuerdo con la LFDA, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de aquellas obras literarias y artísticas que son protegibles, de acuerdo con el mismo ordenamiento jurídico, y dicho reconocimiento le permite al autor gozar de las prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal (derecho moral) y patrimonial (derecho patrimonial).
El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo; la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.
El derecho patrimonial implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, de reproducción, de traducción y adaptación, de ejecución y transmisión.
Propiedad industrial
La propiedad industrial está regulada principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y consiste en el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, y comprende cuatro grupos de instituciones:[2]
a) Las creaciones industriales: las patentes de invención y los certificados de invención, los modelos de utilidad, los modelos industriales, los dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales;
b) Los signos distintivos: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los avisos comerciales;
c) La represión de la competencia desleal: que se traduce en la represión de aquellos actos o prácticas contrarios a las prácticas honradas en el ejercicio del comercio o los negocios, principalmente los actos que puedan causar confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios; los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales (industriales), y los actos que causan una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa, y [3]
d) Los conocimientos técnicos o know-how y la transferencia de tecnología.
Consideraciones finales
La propiedad intelectual nos ofrece un amplio abanico de figuras jurídicas a través de las cuales las creaciones del intelecto humano pueden ser protegidas a través del derecho de autor y/o de la propiedad industrial, y ello le permite a los titulares de dichas creaciones el poder ldisfrutar de los derechos y privilegios establecidos por la LFDA, la LPI, los convenios internacionales de los que nuestro país forma parte y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
[1] Rangel Medina, David, Derecho intelectual, 1ª ed., México, McGaw-Hill, 1998, p. 1.
[2] Rangel Medina, ibidem, p. 2.
[3]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Introducción a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y marcas, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998, pp. 2 y 3, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3.pdf
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Solicitud de declaración administrativa
La acción de nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario ataca el derecho a su uso exclusivo, que es el máximo derecho que se concede por virtud del registro. Esta acción se intenta mediante una solicitud de declaración administrativa, que debe ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aunque cabe la posibilidad de que la nulidad, caducidad o cancelación sea declarada de oficio o a petición de la Procuraduría General de la República, cuando tenga algún interés la Federación.
La solicitud de declaración administrativa se sustancia y resuelve conforme al procedimiento establecido en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), pero es aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Es importante destacar que no existe un formato oficial para formular una solicitud de declaración administrativa; sin embargo, de conformidad con la LPI y su Reglamento, dicha solicitud debe cumplir con los requisitos siguientes: 1) nombre del solicitante y, en su caso, del representante; 2) domicilio para oír y recibir notificaciones; 3) nombre y domicilio de la contraparte (demandado) y, en su caso, de su representante; 4) objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; 5) descripción de los hechos; 6) fundamentos de derecho, 7) presentar la solicitud con firmas autógrafas; 8) indicar los números de registro de las marcas cuyos derechos se consideran invadidos; 9) acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio; 10) acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente; 11) acompañar la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban; 12) exhibir el documento con que se acredita la personalidad, si la solicitud es presentada por representante legal o apoderado; 13) acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda; 14) exhibir los documentos y constancias en que se funda la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, pues de lo contrario no serán admitidas posteriormente, excepto si fueren supervenientes, y 15) acompañar una copia de la solicitud de declaración administrativa, incluyendo los documentos anexos, para correr traslado al demandado.
Desechamiento de la solicitud
La falta de firma de la solicitud producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el IMPI le requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles, por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud.
En el caso de falta de pago de la tarifa, el IMPI le otorgará al promovente un plazo de cinco días hábiles, por única vez, para que subsane su omisión, y si no presenta el pago desechará de plano la solicitud.
La omisión de presentar el documento que acredite la personalidad o cuando el registro que sea base de la acción no se encuentre vigente, también serán motivos de desechamiento, por lo que resulta forzoso adjuntar el documento con el que se acredite que se encuentra vigente el registro de la marca considerada invadida.
Si no se cumplen con los demás requisitos, el IMPI le requerirá al solicitante, por una sola vez, para que, dentro del término de ocho días, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, y de no cumplirse con ello, la consecuencia será el desechamiento de su solicitud.
Pruebas
Para el caso de que alguno de los documentos fundatorios de la acción obre en los archivos del IMPI, bastará que el solicitante precise el expediente en que se encuentra y solicite la expedición de copia certificada o su cotejo, con la copia simple que sea exhibida.
Pueden ofrecerse de toda clase de elementos probatorios, excepto testimoniales y confesionales, y los que sean contrarios a la moral y al derecho. No obstante, las testimoniales y confesionales sí pueden ofrecerse cuando estén contenidas en alguna documental.
Emplazamiento
Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el IMPI, con las copias de traslado notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.
Incidentes
En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.
Contestación
De acuerdo con el numeral 197 de la LPI, el escrito en que el titular afectado formule sus manifestaciones deberá contener: 1) nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante; 2) domicilio para oír y recibir notificaciones; 3) excepciones y defensas; 4) las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y 5) fundamentos de derecho.
Resolución
Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, el IMPI dictará la resolución administrativa que proceda. La parte que no esté conforme con la resolución podrá optar por interponer el Recurso de Revisión ante el IMPI, o presentar su Demanda de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), el cual cuenta con una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual. En contra de la sentencia que emita el TFJFA puede promoverse Demanda de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, que generalmente es la última instancia en este tipo de asuntos.
Consideraciones finales
Un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario, contando todas sus instancias, generalmente dura entre 3 a 5 años, y puede llegar a ser muy costoso. Este procedimiento siempre debe ser atendido por un verdadero especialista porque ataca directamente el derecho al uso exclusivo de la marca. Dicho en otras palabras, si usted es titular o licenciatario autorizado, no puede desatender este tipo de asuntos ni dejarlo en manos de cualquierra, ya que podría perder la exclusividad de un valioso activo intangible, y con ello todo el trabajo e inversión realizado en torno a su creación y desarrollo.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
Es frecuente que existan controversias sobre la titularidad de una marca o derivadas de la violación del derecho a su uso exclusivo. Se dan casos en los que un empresario crea y comienza a usar de buena fe su marca en México o en el extranjero, sin haberla registrado previamente en nuestro país, y luego se da cuenta que otro está usando una marca idéntica o semejante en grado de confusión para distinguir los mismos o similares productos o servicios, o lo que es peor, que ese otro ya la tiene registrada!
En estos casos, si la marca no ha sido registrada aun, de inmediato debe solicitarse su registro. Y si ya fue registrada por otro, debe solicitar la declaración administrativa de nulidad y, en su caso, la de caducidad, ante el IMPI. Para ello, será necesario que previamente solicite el registro de la marca, lo cual justificará su interés jurídico en dichos procedimientos, es decir, su derecho a demandar.
Nulidad
La LPI establece que el registro de una marca puede estar afectado de nulidad por alguna de las cinco causas siguientes:
- Si el registro se otorgó en contravención de las disposiciones de la LPI o la que hubiese estado vigente en la época de su registro; por ejemplo, si fue otorgado a pesar de que la marca se encontraba en alguno de los dieciocho casos (prohibiciones) que impiden su registro;
- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios;
- Si el registro se otorgó con base en datos falsos contenidos en su solicitud, como el nombre del solicitante, la fecha de primer uso de la marca o la ubicación del establecimiento;
- Cuando el registro se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y
- Si el agente, representante, usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicita y obtiene en México el registro a su nombre de esa marca u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
En tres de las cinco causas arriba señaladas, el aspecto que mayor análisis requiere para declarar la nulidad es la “semejanza en grado de confusión”. En palabras simples, una marca es semejante en grado de confusión a otra cuando existe el riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer golpe de vista o sonido entre ambas marcas, prestando la atención común y ordinaria, tomando en cuenta sobre todo los elementos parecidos que haya entre dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer que están adquiriendo un producto o recibiendo un servicio amparado por una marca original, cuando no lo es, debido a la impresión o información que en ellos evoca o produce la marca. Esta es la razón por la cual dos marcas semejantes en grado de confusión, de diferentes titulares, no pueden estar registradas al mismo tiempo ni coexistir en el mercado.
Caducidad
El registro de una marca tiene una vigencia de diez años; sin embargo, la LPI establece que la protección del derecho a su uso exclusivo se pierde, por caducidad, en dos casos:
- Cuando no se haya solicitado la renovación del registro, dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia,[1] y
- Cuando la marca no se haya usado, ininterrumpidamente y tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.
Usar la marca “ininterrumpidamente” significa usarla de manera continua, de acuerdo con los usos y costumbres que en el comercio corresponda a los productos o servicios protegidos por la marca. Lo recomendable es usar la marca en los productos protegidos, en los envases o embalajes de éstos, en las facturas emitidas por la venta de los productos o la prestación de los servicios, en la publicidad impresa o electrónica que se realice, en la página web que se utilice para promover la venta o comercialización de los productos, o la prestación de los servicios, inclusive en los anuncios de televisión, radio, periódicos, revistas o espectaculares.
Usar la marca “tal como fue registrada” implica usarla justamente como aparezca en el título de registro. Si la marca no se usa tal como fue registrada, la autoridad deberá analizar si esas modificaciones “alteran” o no el carácter distintivo de la misma, esto es, si con tales modificaciones se cambia la esencia o forma de la marca que la hace tan diferenciable y única, como podría ser cambiar un color o línea, agregar o suprimir una letra, apóstrofe, signo de puntuación, modificar la posición del logo o personaje, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad.
Consideraciones finales
Los litigios relativos a una marca pueden durar varios años y, en ocasiones, ser complejos, costosos y encarnizados; por ello, siempre es recomendable que usted busque la asesoría adecuada antes de involucrarse en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad y/o caducidad, ya sea como actor (solicitante) o demandado.
[1] En este caso no requiere de una declaración administrativa por parte del IMPI.
por Mtro. Cesar Aranda | Oct 25, 2020 | Uncategorized
La cláusula compromisoria y el compromiso arbitral
Existen diversos procedimientos para intentar solucionar controversias en materia de derecho de autor. El arbitraje es uno de ellos y está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), su reglamento y, supletoriamente, por el Código de Comercio.
Hay dos formas de que las partes se puedan someterse a un procedimiento arbitral: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria es el acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por la LFDA o en un acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos. El compromiso arbitral es el acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma. Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral deben constar invariablemente por escrito.
Sin importar la forma se elija para comprometerse en arbitraje, el suscribir una cláusula compromisoria y o compromiso arbitral implica una renuncia a acudir y ventilar la controversia ante un órgano jurisdiccional, sea administrativa o judicial.
En los casos en que la controversia se está ventilando a través de un procedimiento de avenencia, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) está facultado para exhortar a las partes para que se acojan al arbitraje, y ahí sería evidente que operaría el compromiso arbitral. Sin embargo, existen otros casos en los que operaría la cláusula compromisoria, como por ejemplo si se plasmó dentro de un contrato de licencia.
La lista de árbitros
Anualmente el INDAUTOR publica una lista de las personas autorizadas para fungir como árbitros. Para la integración de esa lista, el INDAUTOR invita a distinguidos profesionistas en derecho, especializados en la materia y que cumple con los requisitos establecidos en la ley (ser Licenciado en Derecho; gozar de reconocido prestigio y honorabilidad; no haber prestado durante los cinco años anteriores sus servicios en alguna sociedad de gestión colectiva; no haber sido abogado patrono de alguna de las partes; no haber sido sentenciado por delito doloso grave; no ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y no ser servidor público).
A fin de integrar un grupo arbitral, cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcione el INDAUTOR, y cuando sean más de dos partes las que concurran, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya acuerdo, la Dirección de Arbitraje del INDAUTOR designará a los dos árbitros. Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista, al presidente del grupo. Por ello, es claro que el grupo arbitral quedará integrado por tres miembros. La Dirección de Arbitraje del INDAUTOR está facultada para designar un árbitro cuando sea necesario.
También cabe la posibilidad de que las partes designen como árbitro a una persona que no esté incluida en la referida lista de árbitros, siempre y cuando cumpla con los mismos requisitos establecidos para los que integran dicha lista.
Procedimiento
El procedimiento arbitral no deberá durar más de 60 días, los cuales comenzarán a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros. Sin embargo, dicho plazo puede ser prorrogado por convenio entre las partes.
La Dirección de Arbitraje estará obligada a auxiliar al grupo arbitral en materia de notificaciones, control del procedimiento y cualquier asunto de simple trámite relacionado con el arbitraje, incluyendo el llevar e integrar los expedientes que sean formados, cuidar las actuaciones, escritos, pruebas y demás documentos y constancias que obren en los mismos. Para ello, el grupo arbitral tendrá la obligación de remitir copia de las actuaciones, escritos, pruebas y demás documentos y constancias relativas al procedimiento.
El expediente que forme la Dirección de Arbitraje, con motivo de un arbitraje, se considerará como original para efectos de cualquier certificación solicitada por las partes y de la ejecución del laudo correspondiente.
Laudo (resolución)
El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste. Los laudos del grupo arbitral se dictarán por escrito, serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes; deberán estar fundados y motivados, y tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.
Toda decisión o laudo del grupo arbitral se dictará por mayoría de votos. En lo que se refiere a cuestiones de mero trámite, el grupo arbitral puede autorizar al árbitro presidente a que lo haga por sí mismo.
El grupo arbitral deberá comunicar el laudo al INDAUTOR y la Dirección de Arbitraje lo notificará a las partes en un término de cinco días. Cuando no figure en el laudo la firma de un árbitro, deberá hacerse constar el motivo de ausencia de la misma.
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al INDAUTOR y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mimo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo.
Gastos
Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el INDAUTOR, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial. Del arancel se cubrirán los gastos de notificación, substanciación y control del procedimiento, así como los honorarios de los árbitros, los cuales serán iguales para todos los árbitros. Cada parte cubrirá los honorarios del árbitro que haya designado y entre ambas los del tercer árbitro.
Los árbitros no podrán cobrar honorarios adicionales por la aclaración, rectificación o complementación del laudo.
Los gastos de los testigos y peritos se pagarán por la parte que los presente; los gastos adicionales del arbitraje serán solventados por el arancel.
Las partes deberán acordar, al inicio del procedimiento, si el grupo arbitral estará facultado para condenar al pago de gastos y costas, o si éstas deberán ser prorrateadas.
Consideraciones finales La experiencia nos ha enseñado que no todos los conflictos necesariamente deben resolverse por un juez o tribunal. El arbitraje es un procedimiento alternativo para la solución de controversias que ha sido poco utilizado en nuestro país; sin embargo, en ocasiones bien valdría la pena explorarlo, sobre todo si se toma en cuenta que hay conflictos en derecho de autor que pueden durar casi una década, con el costo y desgaste que implica para las partes.
