La propiedad intelectual, en términos muy generales es el conjunto de derechos y privilegios de los que disfrutan los autores, artistas interpretes o ejecutantes, sus causahabientes, los editores, productores y organismos de radiodifusión, respecto de sus obras literarias o artísticas, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, ideogramas o emisiones, respectivamente; así como los que disfrutan los titulares o licenciatarios autorizados de creaciones industriales o comerciales. La propiedad intelectual se integra por el derecho de autor y la propiedad industrial.
¿Y cómo saber cuándo estamos frente a creaciones protegidas por el derecho de autor o por la propiedad industrial? Para poder hacer esa distinción hay que tomar en cuenta que si las creaciones apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran el derecho de autor. En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de propiedad industrial.[1]
Derecho de autor
La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) tiene por objeto proteger el acervo cultural de la nación, los derechos de los autores respecto de sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, los derechos de los intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión respecto de sus ediciones, fonogramas, videogramas o emisiones, respectivamente, así como los otros derechos de propiedad intelectual, tales como el derecho a la imagen, las reservas de derechos al uso exclusivo y los derivados de las obras por encargo.
Pertenecen al ámbito del derecho de autor las creaciones literarias, musicales, dramáticas, de danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas, de caricaturas e historietas, arquitectónicas, cinematográficas, fotográficas, de diseño gráfico o textil, los programas de radio y televisión, programas de cómputo, las compilaciones, bases de datos y las reservas de derechos.
De acuerdo con la LFDA, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de aquellas obras literarias y artísticas que son protegibles, de acuerdo con el mismo ordenamiento jurídico, y dicho reconocimiento le permite al autor gozar de las prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal (derecho moral) y patrimonial (derecho patrimonial).
El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo; la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.
El derecho patrimonial implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, de reproducción, de traducción y adaptación, de ejecución y transmisión.
Propiedad industrial
La propiedad industrial está regulada principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y consiste en el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, y comprende cuatro grupos de instituciones:[2]
a) Las creaciones industriales: las patentes de invención y los certificados de invención, los modelos de utilidad, los modelos industriales, los dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales;
b) Los signos distintivos: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los avisos comerciales;
c) La represión de la competencia desleal: que se traduce en la represión de aquellos actos o prácticas contrarios a las prácticas honradas en el ejercicio del comercio o los negocios, principalmente los actos que puedan causar confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa; las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios; los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales (industriales), y los actos que causan una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa, y [3]
d) Los conocimientos técnicos o know-how y la transferencia de tecnología.
Consideraciones finales
La propiedad intelectual nos ofrece un amplio abanico de figuras jurídicas a través de las cuales las creaciones del intelecto humano pueden ser protegidas a través del derecho de autor y/o de la propiedad industrial, y ello le permite a los titulares de dichas creaciones el poder ldisfrutar de los derechos y privilegios establecidos por la LFDA, la LPI, los convenios internacionales de los que nuestro país forma parte y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
[1] Rangel Medina, David, Derecho intelectual, 1ª ed., México, McGaw-Hill, 1998, p. 1.
[2] Rangel Medina, ibidem, p. 2.
[3]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Introducción a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y marcas, Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Pueblos Indígenas, Ginebra, 23 y 24 de julio de 1998, pp. 2 y 3, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3.pdf