La cláusula compromisoria y el compromiso arbitral
Existen diversos procedimientos para intentar solucionar controversias en materia de derecho de autor. El arbitraje es uno de ellos y está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), su reglamento y, supletoriamente, por el Código de Comercio.
Hay dos formas de que las partes se puedan someterse a un procedimiento arbitral: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria es el acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por la LFDA o en un acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos. El compromiso arbitral es el acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma. Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral deben constar invariablemente por escrito.
Sin importar la forma se elija para comprometerse en arbitraje, el suscribir una cláusula compromisoria y o compromiso arbitral implica una renuncia a acudir y ventilar la controversia ante un órgano jurisdiccional, sea administrativa o judicial.
En los casos en que la controversia se está ventilando a través de un procedimiento de avenencia, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) está facultado para exhortar a las partes para que se acojan al arbitraje, y ahí sería evidente que operaría el compromiso arbitral. Sin embargo, existen otros casos en los que operaría la cláusula compromisoria, como por ejemplo si se plasmó dentro de un contrato de licencia.
La lista de árbitros
Anualmente el INDAUTOR publica una lista de las personas autorizadas para fungir como árbitros. Para la integración de esa lista, el INDAUTOR invita a distinguidos profesionistas en derecho, especializados en la materia y que cumple con los requisitos establecidos en la ley (ser Licenciado en Derecho; gozar de reconocido prestigio y honorabilidad; no haber prestado durante los cinco años anteriores sus servicios en alguna sociedad de gestión colectiva; no haber sido abogado patrono de alguna de las partes; no haber sido sentenciado por delito doloso grave; no ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y no ser servidor público).
A fin de integrar un grupo arbitral, cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcione el INDAUTOR, y cuando sean más de dos partes las que concurran, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya acuerdo, la Dirección de Arbitraje del INDAUTOR designará a los dos árbitros. Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista, al presidente del grupo. Por ello, es claro que el grupo arbitral quedará integrado por tres miembros. La Dirección de Arbitraje del INDAUTOR está facultada para designar un árbitro cuando sea necesario.
También cabe la posibilidad de que las partes designen como árbitro a una persona que no esté incluida en la referida lista de árbitros, siempre y cuando cumpla con los mismos requisitos establecidos para los que integran dicha lista.
Procedimiento
El procedimiento arbitral no deberá durar más de 60 días, los cuales comenzarán a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros. Sin embargo, dicho plazo puede ser prorrogado por convenio entre las partes.
La Dirección de Arbitraje estará obligada a auxiliar al grupo arbitral en materia de notificaciones, control del procedimiento y cualquier asunto de simple trámite relacionado con el arbitraje, incluyendo el llevar e integrar los expedientes que sean formados, cuidar las actuaciones, escritos, pruebas y demás documentos y constancias que obren en los mismos. Para ello, el grupo arbitral tendrá la obligación de remitir copia de las actuaciones, escritos, pruebas y demás documentos y constancias relativas al procedimiento.
El expediente que forme la Dirección de Arbitraje, con motivo de un arbitraje, se considerará como original para efectos de cualquier certificación solicitada por las partes y de la ejecución del laudo correspondiente.
Laudo (resolución)
El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste. Los laudos del grupo arbitral se dictarán por escrito, serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes; deberán estar fundados y motivados, y tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.
Toda decisión o laudo del grupo arbitral se dictará por mayoría de votos. En lo que se refiere a cuestiones de mero trámite, el grupo arbitral puede autorizar al árbitro presidente a que lo haga por sí mismo.
El grupo arbitral deberá comunicar el laudo al INDAUTOR y la Dirección de Arbitraje lo notificará a las partes en un término de cinco días. Cuando no figure en el laudo la firma de un árbitro, deberá hacerse constar el motivo de ausencia de la misma.
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al INDAUTOR y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mimo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo.
Gastos
Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el INDAUTOR, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial. Del arancel se cubrirán los gastos de notificación, substanciación y control del procedimiento, así como los honorarios de los árbitros, los cuales serán iguales para todos los árbitros. Cada parte cubrirá los honorarios del árbitro que haya designado y entre ambas los del tercer árbitro.
Los árbitros no podrán cobrar honorarios adicionales por la aclaración, rectificación o complementación del laudo.
Los gastos de los testigos y peritos se pagarán por la parte que los presente; los gastos adicionales del arbitraje serán solventados por el arancel.
Las partes deberán acordar, al inicio del procedimiento, si el grupo arbitral estará facultado para condenar al pago de gastos y costas, o si éstas deberán ser prorrateadas.
Consideraciones finales La experiencia nos ha enseñado que no todos los conflictos necesariamente deben resolverse por un juez o tribunal. El arbitraje es un procedimiento alternativo para la solución de controversias que ha sido poco utilizado en nuestro país; sin embargo, en ocasiones bien valdría la pena explorarlo, sobre todo si se toma en cuenta que hay conflictos en derecho de autor que pueden durar casi una década, con el costo y desgaste que implica para las partes.