Como ya lo hemos platicado, el registro al uso exclusivo de una marca se obtiene únicamente a través de su registro ante el IMPI. Sin embargo, ése derecho puede estar siendo atacado por personas que cometen actos que comúnmente se conocen como “piratería”. Si tienes una marca registrada y alguien la está utilizando, sin tu consentimiento, en productos o servicios iguales o similares a los que protege tu marca, o incluso como parte de un nombre comercial, razón o denominación social de un establecimiento o persona moral que produce, importa o comercializa bienes o servicios iguales o similares, sin duda alguna están pirateando tu marca, es decir, están violando tu derecho al uso exclusivo.
Ningúna empresa, por pequeña que sea, está excenta sufrir actos de piratería, cuando sus productos o servicios son de alta estima para sus consumidores, debido a su calidad. Si tienes conocimiento de que se está violando tu derecho de exclusividad, hay dos cosas que debes hacer de inmediato: primero, consultar con un especialista y, segundo, obtener todas las pruebas que puedas para demostrar que los productos o servicios piratas se están vendiendo o prestanto, como por ejemplo: facturas, folletos, anuncios en periódicos o revistas, muestras de los productos, con todo y su empaque, etc.
Para contrarrestar los efectos nocivos de la piratería y hacer respetar el derecho al uso exclusivo, la LPI te otorga la posibilidad de intentar tres tipos de acciones: administrativas, civiles o mercantiles y penales.
Acciones Administrativas (multas, clausuras y arresto)
Se intentan ante el IMPI por la comisión de alguna de las infracciones previstas por la LPI. Las sanciones que pueden imponerse consisten en multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por el importe de 500 días, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.
Durante el procedimiento de infracción se pueden hacer visitas de inspección; ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, anuncios, letreros, rótulos que infrinjan ese derecho de exclusividad.
Acciones civiles o mercantiles (40% por daños y perjuicios)
Estas acciones se pueden intentar, a elección del titular de la marca afectada, ante los tribunales de la Federación o los del fuero común (de la entidad federativa) que tenga competencia sobre el lugar en donde se esté cometiendo la violación.
Lo que se reclama es el pago de los daños y perjuicios por el equivalente, cuando menos, al 40% del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen dicha violación. Sin embargo, bien podría resultar válido el aplicar un porcentaje mayor, incluso hasta el 100%.
La demanda puede presentarse en la vía civil o la mercantil, según la estrategia legal que se elija. Para poder presentar la demanda es requisito indispensable el haber obtenido una declaración de infracción firme, es decir, que ya no pueda modificarse por haberse agotado todas las instancias correspondientes.
Acciones penales (prisión, multas y 40% por reparación del daño)
Se consideran delitos que entrañan violaciones al derecho de uso exclusivo de una marca el reincidir en algunas infracciones administrativas; falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas registradas; producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas.
El delito de reincidencia se castiga con prisión de dos a seis años y multa por el importe de 100 a 10,000 días.Si se comete cualquiera de los otros delitos las sanciones consisten en prisión de tres a diez años y multa de 2,000 a 20,000 días.
Salvo la reincidencia en la comisión de infracciones, los otros delitos están calificados como graves, por la cual los probables responsables no alcanzan el beneficio de la libertad provisional.
No omito mencionar que existe una conducta criminal análoga que consiste en vender a cualquier consumidor final, en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas, y que se sanciona con prisión de dos a seis años y multa de 100 a 10,000 días.
En todos estos casos también se puede reclamar la reparación del daño por el equivalente al 40%, cuando menos, del precio de venta al público de cada producto o de cada prestación de servicios que impliquen la violación.
Este tipo de delitos son de la competencia del Ministerio Público Federal, esto es, de la PGR, quien cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, ante la cual se puede presentar la querella correspondiente, o bien ante la Delegación estatal respectiva.
Notas finales
Las acciones civiles o mercantiles y penales sólo podrán intentarse cuando el titular de la marca haya aplicado a los productos, envases o embalajes de éstos la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, o bien por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por ese derecho (por ejemplo, con espectaculares o publicaciones en periódicos o revistas).
Derivado de la experiencia profesional que he tenido en el manejo de los tres tipos de acciones aquí comentadas, considero la acción penal es, sin duda, el remedio más eficaz, pronto y oportuno, aunque costoso, para combatir las conductas delictivas conocidas como piratería.